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La crisis de representación política vuelve a quedar en evidencia en la región Puno. El Partido Político Cooperación Popular, que tiene como candidato presidencial a Yonhy Lescano, presentó ante el Jurado Electoral Especial (JEE) su lista de seis postulantes a la Cámara de Diputados por Puno, pero dos de esos nombres han generado indignación y severos cuestionamientos éticos: Rosa María Pérez Mendoza (N.° 4) y Karina Lizeth Alva Ravines (N.° 6), quienes no son nacidas, no viven ni tienen vínculo alguno con la región que pretenden representar.
Según la información consignada en sus hojas de vida, Rosa María Pérez Mendoza nació en el departamento de Áncash, provincia de Mariscal Luzuriaga, distrito de Llama, y actualmente reside en el distrito de Comas, en Lima. No registra experiencia laboral relevante ni trayectoria política o dirigencial, y declara ingresos anuales de 13 mil 560 soles provenientes del sector privado. A pesar de esta evidente desconexión territorial y política, su nombre aparece en la lista como aspirante a representar a Puno en el Parlamento.
El segundo caso no es menos preocupante. Karina Lizeth Alva Ravines nació en Cajamarca, provincia y distrito del mismo nombre, y reside actualmente en el distrito de La Libertad de Pallán, provincia de Celendín, también en Cajamarca. Es enfermera y labora en EsSalud Cajamarca, percibiendo 24 mil 226 soles anuales del sector público. Al igual que su compañera de lista, no registra experiencia política ni dirigencial, ni vínculo social alguno con la región altiplánica.
Estos hechos dejan al descubierto una realidad incómoda: el Partido Político Cooperación Popular no cuenta con cuadros políticos ni militantes representativos en Puno, motivo por el cual —tras unas elecciones primarias realizadas con delegados— se habría optado por “llenar por llenar” la lista de candidatos, recurriendo a postulantes foráneos que desconocen por completo la realidad política, social, económica y cultural de la región.
Más allá de la legalidad, el caso plantea un grave problema ético y democrático. ¿Cómo puede una persona que nunca vivió en Puno, que no conoce sus conflictos sociales, su historia, su cultura ni sus demandas, asumir la tarea de legislar y fiscalizar en nombre de sus ciudadanos? La respuesta es clara: no puede hacerlo con legitimidad.
Lo que se observa aquí es una práctica conocida como “paracaidismo político”, que degrada la representación parlamentaria y convierte a las regiones en simples espacios numéricos para completar listas electorales.
EL DATO. La normativa electoral peruana permite que cualquier ciudadano peruano mayor de 25 años pueda postular al cargo de diputado por cualquier región del país, sin importar su lugar de nacimiento, domicilio o arraigo territorial. Una permisividad legal que, en la práctica, contradice el fin esencial del cargo de diputado: legislar, fiscalizar y, sobre todo, REPRESENTAR.
El caso de Cooperación Popular y las candidaturas foráneas por Puno no solo expone las debilidades del sistema electoral, sino también la falta de compromiso real de algunos partidos con la democracia regional. En manos del electorado quedará la decisión de rechazar o castigar en las urnas estas prácticas que profundizan el divorcio entre la política y la ciudadanía.
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