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La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) expresó su rechazo a la recientemente promulgada Ley 31876, que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional. El presidente de la ANGR y gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, criticó la norma por limitar la realización de obras por administración directa a un valor por encima de las 50 unidades impositivas tributarias (UIT), es decir, casi 250 mil soles.
Sánchez argumentó que esta ley no se ajusta a la realidad de los distritos y provincias, donde el Estado debe desempeñar un papel activo, especialmente en proyectos prioritarios como educación y salud. La ANGR anunció que el próximo 5 de octubre los gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales se presentarán en el Congreso para exigir la derogatoria de esta norma.
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